La obligación alimenticia en las relaciones paterno-filiales ha venido adquiriendo en los últimos tiempos una especial relevancia dentro del Derecho internacional privado, como consecuencia del aumento de los matrimonios y parejas de hecho integrados por miembros de distintas nacionalidades, a consecuencia sobre todo de fenómenos como el turismo y la inmigración, en lo que a nuestro país se refiere.

Esta circunstancia, unida a la crisis económica que atraviesa nuestro país, ha dado lugar a que con bastante frecuencia, en caso de ruptura matrimonial o de la pareja, uno de los miembros de la misma abandone el país, fijando su residencia en el extranjero. Y cuando existen hijos menores, el asunto puede complicarse,  pues puede suceder que una vez en el extranjero, el progenitor no custodio trate de eludir su obligación de prestar alimentos al hijo que queda residiendo con el otro progenitor en España.

En estos casos, ¿con qué mecanismos cuenta el progenitor custodio para reclamar la pensión alimenticia de su/s hijo/s?

La reclamación de alimentos en el extranjero se regula en España por diversos Convenios Internacionales, bilaterales y multilaterales, que versan tanto sobre la determinación de la competencia territorial para el conocimiento de los litigios, como sobre los procedimientos aplicables para lograr la ejecución de las resoluciones extranjeras en esta materia,  pues una cosa es reclamar ex novo el derecho de alimentos, y otra muy distinta, solicitar su cumplimiento o ejecución cuando ya existe una resolución judicial que determine este derecho.

Los Convenios aplicables a estas situaciones son básicamente, además de los bilaterales, los siguientes:

  • Los cuatro Convenios de la Haya sobre la ley aplicable a las obligaciones alimenticias y sobre reconocimiento y ejecución de las resoluciones relativas a las obligaciones alimenticias de 2 de octubre de 1973.
  • En el ámbito de la ONU, el Convenio de Nueva York de 20 de junio de 1956 sobre Obtención de Alimentos en el Extranjero, el único que establece un sistema de cooperación entre autoridades administrativas designadas por los diferentes estados firmantes del Convenio.
  • Y en el ámbito de la Unión Europea, hemos de destacar el Reglamento 44/01 del Consejo sobre Reconocimiento y Ejecución de Resoluciones en materia civil y mercantil, que incluye en su ámbito de aplicación la materia de alimentos, y que se aplica todos los Estados Miembros de la Unión Europea excepto a Dinamarca. Existe también otro Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil de 1988 que se aplica a los países de la Unión Europea en sus relaciones con Dinamarca, Islandia, Noruega y Suiza.

Dado lo prolijo de la materia, me limitaré a explicar el procedimiento de reclamación que contempla el Convenio de Nueva York de 1956 sobre obtención de alimentos en el extranjero, y que va dirigido a solucionar la situación de las personas que, residiendo en uno de los estados parte del Convenio, tengan reconocido el derecho a alimentos y quiera reclamarlo al deudor residente en otro Estado parte.

De acuerdo con el sistema de cooperación internacional contemplado en dicho Convenio, el ciudadano residente en España que desee solicitar alimentos de una persona residente en otro Estado parte del Convenio, deberá dirigir su reclamación ante la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia, presentando la siguiente documentación:

  • Formulario de solicitud
  • Poder firmado autorizando que la autoridad extranjera actúe en su nombre
    resolución judicial, acuerdo o normativa jurídica en la que se fije la obligación de pagar alimentos
  • Relación detallada de las cantidades debidas (atrasos) y de las pagadas por el deudor
  • Fotografía de los interesados

Una vez recibida dicha documentación se procederá al estudio de la misma, y si la pretensión es admitida a trámite, se procederá a la traducción de los documentos a la lengua del Estado requerido, y a su posterior envío a dicho Estado.

En el caso contrario, es decir, en el supuesto de que sea el deudor quien se encuentre residiendo en España, una vez es localizado en nuestro país, se le remite un escrito informándole de la existencia de una solicitud de alimentos frente al mismo y requiriéndole para el pago voluntario de los mismos. Si no lo efectuará, se iniciarían acciones judiciales en España para reconocer y ejecutar la Sentencia extranjera que fija los alimentos, de acuerdo con la legislación interna de cada Estado.

En el caso de España, y como ya hemos dicho, existen numerosos Convenios internacionales sobre reconocimiento y ejecución de resoluciones civiles, incluyendo la materia de alimentos. Habrá que acudir por tanto a dichos Convenios y en el caso de que se pretenda solicitar la ejecución de una resolución judicial proveniente de un Estado con el que no exista Convenio habrá que acudir al procedimiento interno de exequátur, que, en la actualidad, otorga la competencia a los Juzgados de Primera Instancia, sustrayendo de dicha competencia al Tribunal Supremo.

En caso de que no existiera una resolución extranjera fijando el pago de alimentos, sino que dicha obligación se dedujera de la legislación interna del país requirente, el Abogado del Estado presentará demanda ante el Juzgado de Primera Instancia del domicilio del deudor para que se fije dicha obligación.

María José Martínez Sancho

Este artículo no debe ni pretende ser considerado como asesoramiento legal

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