Son innumerables las situaciones de sobreendeudamiento que traen causa  en una situación de crisis matrimonial. La finalidad inmediata de los procesos de nulidad, separación y divorcio consiste, en el aspecto económico, en un cierto desdoblamiento de la familia, no existiendo muchas veces el suficiente respaldo patrimonial como para hacer de una sola economía familiar dos unidades completas, nuevas e independientes, en lo que a gastos e ingresos se refiere. Muy a menudo, no está falta de razón la queja de uno de los cónyuges o excónyuges de no verse capaz de hacer frente a sus propios gastos (un alquiler por la necesidad de abandonar la vivienda, nuevos suministros, etc.) y a los dispuestos en la sentencia o en el convenio regulador (pensiones de alimentos y compensatorias). Por lo demás, esta situación de crisis o las nuevas relaciones que surjan de la nulidad, separación o divorcio, y en su caso, de disolución y liquidación de la sociedad de gananciales, resultan inoponibles a los terceros acreedores hipotecarios, que no verán perjudicado su crédito pese a que los presupuestos de la relación entre marido y mujer, que les motivaron a endeudarse, se hayan alterado substancialmente.

El convenio regulador propuesto por los cónyuges en el supuesto de separación o divorcio de mutuo acuerdo puede tener un contenido muy amplio, pues no tiene necesariamente que referirse sólo a los puntos enumerados en el artículo 90 del Código Civil. Haciendo uso de esta amplitud de contenidos del convenio regulador, los cónyuges podrán introducir medidas que les permitan prevenirse frente al sobreendeudamiento (por ejemplo, quién y cómo va a hacerse cargo de la hipoteca).

Sin embargo, la raíz del problema consiste muchas veces en que de donde no hay no se puede sacar y que cualquier medida que beneficie la economía de una parte perjudicará a la de la otra, dándose la circunstancia de que el pleno equilibrio no satisface a ninguna. Por eso, sería conveniente que en los procesos matrimoniales y en el régimen de liquidación de la sociedad conyugal se introdujeran legalmente criterios de saneamiento y viabilidad, que pudieran concluir en un plan de recuperación económica de la familia, cuando fuera posible. La casuística puede ser amplísima. No obstante se puede plantear la hipótesis de una situación que no será rara en la práctica. Aquélla en la que el uso de la vivienda familiar hipotecada o que, en todo caso, constituye el principal activo del matrimonio, se atribuye al cónyuge que, siendo o no propietario, siendo o no prestatario, no se halla en condiciones de hacer frente al crédito. Quizás ninguno de los esposos o ex-esposos sean por sí solos capaces de pagar las mensualidades. En la mayoría de los casos la discordia mutua impedirá cualquier acuerdo. En el supuesto de impago, la entidad prestamista ejecutará la hipoteca o embargará el inmueble, sin importarle ni el nuevo régimen derivado de la ruptura del matrimonio, ni la precariedad económica de uno u otro cónyuge, ni tampoco si el incumplimiento se debe, por ejemplo, a la reticencia maliciosa de uno de los (ex)esposos. De esta inoponibilidad ya se cuidan los artículos 1317 y 1401 del Código Civil y 144 del Reglamento Hipotecario; por lo demás, no se planteará ni siquiera la necesidad de acudir a estos preceptos en el supuesto común en la práctica de que ambos cónyuges hayan firmado el préstamo y lo hayan garantizado mediante hipoteca.

A día de hoy,  el instrumento que puede mostrarse operativo a fin de prevenir y remediar en la medida de lo posible las situaciones de sobreendeudamiento derivadas de crisis matrimonial, viene constituido por la mediación familiar, en cuanto cauce útil de conciliación de las desavenencias entre los cónyuges. Ahora bien, en su configuración actual, esta mediación es simplemente un servicio que ofrecen algunas Comunidades Autónomas (País Vasco, Galicia, Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha), con el fin de lograr un acuerdo entre las partes en materias de libre disposición, pero sin facultad coercitiva ninguna, ni en el inicio ni en el resultado de la mediación. Sería aconsejable que este espíritu de promoción del acuerdo inspirara también la legislación civil, a fin de dotar a la crisis matrimonial de un plan de viabilidad económica, y, en general, a cualesquiera efectos.

Carmen Lineros Quintero

Este artículo no debe ni pretende ser considerado como asesoramiento legal