Ana Gómez presidirá la asociación Asnala

Ana Gómez, responsable del área laboral del despacho Mariscal & Abogados, ha sido elegida Presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas (ASNALA). La investidura, a cuyo acto de inauguración asistió la ministra de Trabajo Fátima Báñez, tuvo lugar el pasado viernes durante el XVIII Congreso de ASNALA celebrado en el CaixaForum de Madrid. Durante dos días el evento congregó a laboralistas de todo el país y se convirtió en el congreso de mayor afluencia de la historia de la asociación, con más de 220 participantes.

Licenciada en derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, Ana Gómez cuenta con cerca de 20 años de experiencia adquirida en despachos de primer orden y se ha especializado en derecho laboral, derecho de la seguridad social y derecho procesal en el ámbito laboral y contencioso administrativo. Actualmente Ana lidera el departamento de derecho laboral de Mariscal & Abogados, firma fundada en 2001 y caracterizada por una clara vocación internacional, con servicios de asesoramiento jurídico a empresas nacionales y extranjeras en inglés, alemán, francés y castellano.

Adicionalmente a su actividad como abogada, Ana desarrolla una amplia actividad en conferencias y foros nacionales e internacionales como los de la International Association of Young Lawyers (AIJA) o European Employment Lawyers Association (EELA), y es autora de numerosas publicaciones jurídicas. Ha sido, por otro lado, profesora en distintas ediciones del Máster de Acceso a la Abogacía.

Ana Gómez, que desde 2011 ocupaba el cargo de vicepresidenta de Asnala, se convierte en la primera mujer en presidir esta institución. La asociación Asnala, que precisamente este año cumple 20 años, nace en 1997 a iniciativa de un grupo de letrados pertenecientes a distintos colegios profesionales. Entre sus objetivos figuran ayudar a los abogados en el desempeño de su profesión, fomentar la especialización en la disciplina laboral o difundir un mejor conocimiento del Derecho del Trabajo, de la Seguridad Social y de temas socio-laborales en la sociedad. Aunque su ámbito de actuación es nacional, tiene una intensa operativa internacional, especialmente en el ámbito comunitario europeo tras su incorporación a varias asociaciones europeas e internacionales.

Ana Gómez | Mariscal & Abogados

Efectos de la declaración del concurso empresarial en los procedimientos judiciales

La declaración del concurso de acreedores procede en caso de insolvencia del deudor, cuando este último no puede cumplir regularmente con sus obligaciones exigibles (artículo 2.2 de la Ley Concursal). La finalidad de la declaración del concurso consiste en garantizar el pago a los acreedores del concursado en base al principio par conditio acreditorum. Se puede llegar a un acuerdo con éstos  (convenio) o bien con la liquidación de la empresa mediante el producto de la enajenación de su patrimonio y ejercicio de sus créditos y derechos (activo de la empresa), y bajo el propósito de mantenimiento y supervivencia de la empresa deudora, si fuere posible. De tal modo que si cesa el presupuesto de insolvencia finaliza el concurso conforme al art 176.4 de la L.C.

La declaración de insolvencia genera para la empresa deudora efectos en su administración y representación legal. El alcance de los efectos dependerá de si el concurso es voluntario o necesario, así como de sus relaciones contractuales en los procedimientos judiciales iniciados antes de la declaración de concurso o de los que se interpongan durante el proceso concursal, de los cuales tendrá conocimiento el Juzgado de lo Mercantil donde el deudor tenga ubicado el centro de sus intereses empresariales.

Esta competencia no se limita únicamente a la tramitación del procedimiento concursal, sino que se va a extender a otros procedimientos judiciales del deudor con trascendencia patrimonial, por la llamada vis attractiva del proceso  concursal,  a tenor de  los criterios procesales de unidad legal, de disciplina y de sistema.

La declaración de concurso atrae para sí las ejecuciones singulares iniciadas por los acreedores con anterioridad a la declaración del concurso e impide iniciar nuevas, salvo las excepciones legales en materia de apremio administrativo, derechos reales y laborales.

Asimismo, no se admitirán por los Juzgados civiles y sociales nuevos procedimientos declarativos frente al deudor concursado, bajo la pena de nulidad de lo actuado (art 50 L.C.) mientras que los declarativos iniciados con anterioridad a la declaración continúen tramitándose por el Juzgado ordinario hasta sentencia firme (art 51 L.C.).

En cambio, de los  procedimientos contenciosos-administrativo y penales conocerán los Juzgados y Tribunales de esa Jurisdicción aunque emplazarán a la administración concursal para que pueda ser parte y defender la masa patrimonial.

En definitiva, la Ley Concursal pretende proteger el patrimonio del deudor para  garantizar los créditos de los acreedores, y, a tal fin, el Juez mercantil conozca y supervise  las acciones judiciales que puedan perjudicarlo.

Diligencias acordadas Afectados Banco Popular

El pasado 21 de septiembre la Fiscalía Anticorrupción presentó informe admitiendo las querellas presentadas en la Audiencia Nacional contra el Banco Popular.

En el informe emitido por la Fiscalía solicitó que la causa fuese declarada compleja y la tramitación del procedimiento se realizara en piezas separadas, en aras a simplificar y agilizar el mismo.

El pasado martes 3 de octubre, se pronunció el Juzgado Central de Instrucción nº4 de la Audiencia Nacional, mediante un Auto en el que acuerda admitir a trámite las querellas presentadas contra el Banco Popular, S.A, y contra los miembros del Consejo de Administración de Banco Popular.

Los delitos presuntamente cometidos y que serán objeto de instrucción son los siguientes:

  • Delito continuado de falsedades societarias y administración desleal de patrimonio societario, delito continuado contra el mercado y los consumidores
  • Delito continuado de falsedades documentales
  • Delito continuado de apropiación indebida

De acuerdo con el criterio expuesto por el Ministerio Fiscal, la Audiencia Nacional ha acordado mediante este auto la división de la instrucción en dos piezas separadas:

  • 1ª Fase, referida a la ampliación de capital realizada por el Banco en el ejercicio 2016, y los hechos conexos
  • 2ª Fase, referida a investigar los hechos relativos a la manipulación del mercado mediante la publicación de noticias que contenían datos e información falsa, así como los delitos conexos, como el uso de información privilegiada y relevante para la cotización de las acciones del Banco.

Asimismo, el Juzgado se ha pronunciado acerca de las diligencias a practicar

Entre otras ha acordado librar oficio a la CNMV para que remita copia de expedientes administrativos, y de los hechos relevantes que fueron comunicados a ese organismo por la entidad Banco Popular.

También se ha acordado librar oficio al Banco de España para que remita copia del documento resultante del Programa de supervisión ordinaria llevada a cabo por el Banco Central Europeo sobre el Banco Popular, así como los informes, documentos y expedientes elaborados por el Grupo de Inspección y Supervisión encargados del Banco Popular.

En el Auto se requiere al Banco Popular a que remita copia de las actas de las reuniones de su Consejo de Administración, copia del informe de auditoría interna, y copia de todos los requerimientos y peticiones que le fueron formulados por Pricewaterhousecoopers SL. Asimismo se ha requerido a la consultora para que aporte el informe limitado de auditoría de Banco Popular.

Se ha requerido también al FROB para que remita los expedientes administrativos completos abiertos en relación al Banco Popular.

Estas son algunas de las diligencias acordadas, además de la prueba documental aportada.

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Afectados Popular: vicio del consentimiento e información deficiente

La adquisición de los títulos que representan el capital social del Banco Popular están sujetos a los principios y criterios de información y transparencia regulados en la Ley de Mercado de Valores y demás disposiciones generales contenidas fundamentalmente en el Código Civil y Código de Comercio.