Ley de Segunda Oportunidad

La Ley de Segunda Oportunidad ofrece importantes posibilidades a las personas en situación de insolvencia, ya que abre la puerta a que tanto particulares como autónomos puedan tener el mismo trato que las empresas cuando hayan contraído una deuda a la que no pueden hacer frente.

Si bien hasta ahora las personas físicas respondían de por vida por sus deudas, con la entrada en vigor de esta nueva legislación podrán renegociar las deudas contraídas con sus acreedores y quedar liberados, tras pasar por un proceso concursal y aún en el caso que los bienes no cubran las deudas contraídas. La Ley de Segunda Oportunidad, muy reclamada durante toda la legislatura por distintos sectores de la sociedad y de la clase política, supone de facto la condonación de deudas, aunque no de todas, y lo hace mediante la articulación de un proceso específico de concurso de acreedores.

Claves para entender la Ley de Segunda Oportunidad

¿Quién puede acogerse a la ley de segunda oportunidad?

Esta medida está pensada para personas naturales, es decir cualquier persona que tenga una situación de insolvencia y que, por tanto, no pueda afrontar sus deudas.

¿Qué procedimiento hay que seguir?

Al tratarse de una situación de insolvencia, el procedimiento a seguir es el concurso de acreedores, recogiendo la norma una exigencia que muchos juristas y ciudadanos estábamos reclamando: una solución para aquellas personas físicas que, una vez liquidado su patrimonio, mantenían unas deudas inasumibles.

¿Es necesario recurrir a un abogado?

El ejercicio de las medidas se realiza a través de un concurso de acreedores, por lo que es necesario un abogado especializado en materia concursal. De hecho, en caso de encontrarse en una situación de insolvencia, lo recomendable es, en primer lugar, contactar con un profesional de estas características.

La Ley de Segunda Oportunidad ¿supone realmente la desaparición de todas las deudas?

La Ley reconoce el derecho del deudor de ver exoneradas el 100% de sus deudas, una vez liquidado su activo sin haber podido hacer frente a su pasivo. Eso sí, existen supuestos especiales, como los créditos privilegiados (hipotecas) y contra la masa, a los que no afectará esta exoneración. No obstante, una vez ejecutada la hipoteca, esto es, cuando el banco se quede con el bien, la deuda que no quede cubierta por el inmueble sí podrá ser exonerada, con lo que se potencia así la dación en pago. La norma está pensada fundamentalmente para los deudores con hipotecas, avalistas y empresarios.

Sin embargo y pese a sus innegables buenos propósitos, la Ley de Segunda Oportunidad debe afrontar aún algunos obstáculos, como la inacción del Ministerio de Justicia que todavía no ha aprobado la Orden que regula el contenido del formulario de solicitud, inventario y lista de acreedores exigido legalmente para poder desarrollar el procedimiento de forma plena. La Ley de Segunda Oportunidad debe además vencer las reticencias de la ciudadanía, acostumbrada a que hasta ahora el ordenamiento jurídico impusiera la responsabilidad universal por deudas. Lo cierto es que la Ley de Segunda Oportunidad rompe con esa tradición, ya que supone una anomalía en nuestra legislación que los deudores de buena fe ya no tengan que soportar las deudas de por vida.

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