Jurisdicción voluntaria

La reciente Ley nº 15/2015 de 2 de julio, Ley de Jurisdicción Voluntaria, forma parte del proceso general de modernización del derecho español, y nace con la pretensión de dar una mayor coherencia sistemática y racionalidad a nuestro ordenamiento jurídico procesal, separando la jurisdicción voluntaria de la regulación procesal común, y regulando un procedimiento general para la tramitación de los llamados expedientes de jurisdicción voluntaria – anteriormente regulados en los arts. 1811 y ss de la Ley de Enjuiciamiento Civil  de 1881 -, entendiendo por tales aquellos que requieran la intervención de un órgano jurisdiccional para la tutela de derechos e intereses en materia de Derecho civil y mercantil, sin que exista controversia que deba sustanciarse en un proceso contencioso.  Dejando al margen la materia mercantil, dentro del ámbito civil la ley de jurisdicción voluntaria aborda varios ámbitos:

En materia de personas:

  • Autorización judicial o aprobación judicial del reconocimiento de la filiación no matrimonial
  • Habilitación para comparecer en juicio y del nombramiento de defensor judicial
  • Adopción
  • Tutela, curatela y guarda de hecho
  • Emancipación y beneficio de la mayoría de edad
  • Protección de patrimonio de personas con discapacidad
  • Autorización o aprobación judicial para la realización de actos de disposición, gravamen u otros que se refieran a los bienes y derechos de menores y personas con capacidad modificada judicialmente
  • Declaración de ausencia o fallecimiento
  • Extracción de órganos de donantes vivos

En materia de familia:

  • Dispensa de impedimento matrimonial
  • Intervención judicial en relación con el ejercicio de la patria potestad
  • Intervención judicial en los casos de desacuerdo conyugal y en la administración de bienes gananciales

En materia de derecho sucesorio, se regula el albacezco, designación de contador-partidor, y la aceptación y repudiación de herencia.

En materia de obligaciones, institutos como la fijación de plazo para el cumplimiento de obligaciones, consignación.

En materia de derechos reales, la autorización judicial al usufructuario para reclamar créditos vencidos que formen parte del usufructo, expediente de deslinde de fincas no inscritas, y subastas voluntarias.

En cualquier caso, conviene tener en cuenta que esta relación de procedimientos no constituye un numerus clausus, y que la Ley de Enjuiciamiento Civil es de aplicación supletoria respeto a todo aquello no regulado en la nueva Ley, por lo que procedimientos habituales no mencionados, como los divorcios de mutuo acuerdo en vía judicial, seguirán rigiéndose por los arts. 769 y ss, sin perjuicio de la nueva posibilidad de tramitar el divorcio de mutuo acuerdo ante Notario, en el supuesto de que no existan hijos menores de edad (Disposición Adicional Undécima).

Respecto al exequatur, o reconocimiento por parte de las autoridades españolas de los actos de jurisdicción voluntaria acordados por autoridades extranjeras, viene contemplado en la nueva Ley en el Título I, Capítulo I, dentro de las normas de derecho internacional privado (arts. 9 y ss). El art. 11, dispone así que las resoluciones definitivas extranjeras de jurisdicción voluntaria emanadas de un órgano judicial podrán ser inscritas en los registros públicos españoles: a) Previa superación del trámite del exequátur o de reconocimiento incidental en España. Hasta entonces sólo podrán ser objeto de anotación preventiva. B) Por el Encargado del Registro correspondiente, siempre que verifique la concurrencia de los requisitos exigidos para ello. El Art. 12, enumera los casos en los que se denegará el exéquatur (muy similares a los ya existentes), es decir, cuando el acto haya sido acordado por autoridad extranjera manifiestamente incompetente, si el acto hubiera sido acordado con manifiesta infracción de los derechos de defensa de cualquiera de los implicados, si fuere contrario al orden público español, o si implicara violación de un derecho fundamental o libertad pública. En cuanto al procedimiento de tramitación, es prácticamente el mismo que el que en la práctica se ha venido llevando a cabo en los juzgados, y viene regulado en los arts. 13 y ss (normas de tramitación).

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